Defender derechos, garantizar justicia: la tarea irrenunciable de la abogacía laboral

El Colegio de Abogados de Rosario defiende el rol del abogado laboralista como pilar fundamental del Estado de Derecho y del acceso a la justicia para trabajadores y trabajadoras.


Defender derechos, garantizar justicia: la tarea irrenunciable de la abogacía laboral


El Colegio de Abogados de Rosario manifiesta su preocupación ante las recientes declaraciones del Presidente Milei que buscan desacreditar el ejercicio de la abogacía, particularmente en el ámbito del derecho laboral.


Frente a la reiterada utilización de expresiones como “industria del juicio” o la descalificación de los abogados laboralistas mediante términos peyorativos, expresamos nuestro más enérgico repudio hacia aquellas afirmaciones que pretenden desprestigiar la labor profesional.


Ello constituye un grave y peligroso desconocimiento del rol que la abogacía cumple en el sostenimiento del Estado de Derecho y en la defensa de los derechos de las personas.


Supone una visión simplista y desinformada que ignora el funcionamiento de un sistema legal complejo cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia y la vigencia de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.


Atribuir a los profesionales la responsabilidad por la existencia de juicios laborales es desconocer esta realidad y desplazar el foco del verdadero problema: la escasa cultura de la prevención, la existencia de relaciones laborales irregulares, despidos arbitrarios o condiciones de trabajo que no respetan los mínimos legales, así como la baja resolución administrativa de incapacidades y la consecuente judicialización forzada.


Desde el Colegio de Abogados de Rosario reivindicamos el rol esencial del abogado como garante del Estado de Derecho y del acceso efectivo a la Justicia.


Cualquier intento de menoscabar el ejercicio profesional constituye un inadmisible retroceso institucional y un debilitamiento de los derechos fundamentales que nuestro sistema legal protege. 

Colegio de abogados
Defender derechos, garantizar justicia: la tarea irrenunciable de la abogacía laboral

El Colegio de Abogados de Rosario defiende el rol del abogado laboralista como pilar fundamental del Estado de Derecho y del acceso a la justicia para trabajadores y trabajadoras.

Defender derechos, garantizar justicia: la tarea irrenunciable de la abogacía laboral


El Colegio de Abogados de Rosario manifiesta su preocupación ante las recientes declaraciones del Presidente Milei que buscan desacreditar el ejercicio de la abogacía, particularmente en el ámbito del derecho laboral.


Frente a la reiterada utilización de expresiones como “industria del juicio” o la descalificación de los abogados laboralistas mediante términos peyorativos, expresamos nuestro más enérgico repudio hacia aquellas afirmaciones que pretenden desprestigiar la labor profesional.


Ello constituye un grave y peligroso desconocimiento del rol que la abogacía cumple en el sostenimiento del Estado de Derecho y en la defensa de los derechos de las personas.


Supone una visión simplista y desinformada que ignora el funcionamiento de un sistema legal complejo cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia y la vigencia de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.


Atribuir a los profesionales la responsabilidad por la existencia de juicios laborales es desconocer esta realidad y desplazar el foco del verdadero problema: la escasa cultura de la prevención, la existencia de relaciones laborales irregulares, despidos arbitrarios o condiciones de trabajo que no respetan los mínimos legales, así como la baja resolución administrativa de incapacidades y la consecuente judicialización forzada.


Desde el Colegio de Abogados de Rosario reivindicamos el rol esencial del abogado como garante del Estado de Derecho y del acceso efectivo a la Justicia.


Cualquier intento de menoscabar el ejercicio profesional constituye un inadmisible retroceso institucional y un debilitamiento de los derechos fundamentales que nuestro sistema legal protege. 

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