En atención a la relevancia del planteo —que involucra el adecuado ejercicio del derecho de defensa y las condiciones de la práctica profesional— se dio intervención a la comisión de Justicia Penal, Seguridad y Servicio Penitenciario, el cual emitió un dictamen técnico sobre la cuestión.
En su análisis, el Instituto consideró que la situación planteada reviste suficiente entidad institucional y recomendó poner en conocimiento de la Oficina de Gestión Judicial y autoridades competentes la preocupación del Colegio frente a este tipo de agendamiento de audiencias.
Asimismo, se sugirió que la programación de audiencias de significativa complejidad se realice bajo criterios objetivos de coordinación que contemplen la disponibilidad de todos los actores del sistema acusatorio —jueces, fiscales y defensas—, evitando generar situaciones de desventaja material para alguna de las partes.
El dictamen también remarca que el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio requiere la participación efectiva de todas las partes, advirtiendo que prácticas de fijación de audiencias sin previsibilidad suficiente pueden comprometer el equilibrio procesal y afectar el derecho constitucional de defensa en juicio.
En esa línea, se propicia la adopción de pautas o protocolos de buenas prácticas de agendamiento, basados en principios de razonabilidad, previsibilidad y colaboración institucional, así como la necesidad de contemplar los compromisos profesionales previamente asumidos por los defensores en distintas jurisdicciones.
La intervención institucional ya fue comunicada a la Oficina de Gestión Judicial de 1º Instancia, acompañando el dictamen elaborado.
Desde el Colegio de Abogados de Rosario reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando en la mejora de las condiciones de ejercicio profesional y en el resguardo de las garantías del debido proceso.
