El presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Del Vecchio, reclamó el esclarecimiento de la agresión sufrida por los colegas Guillermo Farina y Alicia Moyano durante un remate judicial en Máximo Paz y la sanción penal de sus responsables. Al mismo tiempo, solicitó el análisis de la conducta de la jueza comunal a cargo de la subasta, Leonor Kilibarda, que la dejó seguir pese a los graves incidentes, y de la policía del lugar, que desprotegió a las víctimas.
Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre. El doctor Farina fue golpeado por un grupo que lo obligó a abandonar la subasta y debió ser internado en un centro asistencial. La doctora Moyano también fue compelida a retirarse y sufrió amenazas de muerte. Ambos actuaban por mandato de una entidad bancaria, interesada en pujar por el inmueble objeto del remate público.
Del Vecchio dirigió sendas notas al juez de la causa penal abierta para investigar los incidentes, Rubén Bissio, de Villa Constitución, y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Lewis. En ellas señala que las agresiones y la conducta siguiente de la autoridad judicial y policial causaron alarma en el foro, ya que no sólo afectan a las víctimas sino que ponen en jaque a la profesión de abogado y al sistema de justicia, pues ocurrieron en el curso de un acto procesal de la máxima importancia para su desenvolvimiento.
Se destaca en las notas que sólo un esclarecimiento a fondo de todas las responsabilidades involucradas en el caso evitarán en el futuro que la omisión, la negligencia o llanamente la complicidad vuelvan a dañar la reputación de la Justicia, última valla contra la arbitrariedad.