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El Colegio de Abogados de Rosario manifiesta su preocupación por la modificación de las leyes de remoción de fiscales y defensores

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El Colegio manifiesta su profunda preocupación por la reciente modificación legislativa a las Leyes 13.013 y 13.014, que pone exclusivamente en cabeza de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el poder disciplinario sobre...

El Colegio de Abogados de Rosario manifiesta su profunda preocupación por la reciente modificación legislativa a las Leyes 13.013 y 13.014, que pone exclusivamente en cabeza de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el poder disciplinario sobre fiscales, fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos.

En relación al régimen previsto para los fiscales, la nueva norma excluye de la órbita del tribunal disciplinario, de composición plural, el juzgamiento de las faltas cometidas por éstos, y desbarata el sistema disciplinario al admitir como única posible sanción la remoción ante un órgano eminentemente político.
En cuanto a la defensa pública, el poder disciplinario de las faltas graves se desplaza a la Legislatura provincial.

Este nuevo esquema en lugar de fortalecer las estructuras propias del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, quiebra una ingeniería institucional pensada para garantizar la autonomía funcional y la independencia de los órganos encargados de fijar la política criminal, de la investigación penal, de la acusación y de la defensa, en contraposición con las recomendaciones de las Naciones Unidas en la materia. Asimismo, desequilibra el balance que necesariamente debe imperar en resguardo de la división de poderes del Estado, imbuida de la noción de pesos y contrapesos, de controles y equilibrios.

La reforma al encomendar a un único estamento estatal la facultad de remover a los fiscales y defensores, otorga un enorme poder a las mayorías políticas parlamentarias, pudiendo provocar serios conflictos de intereses que devenguen en un peor servicio de justicia.

Creemos necesario poner de manifiesto que la no subordinación de la actuación de los fiscales y defensores al poder político garantiza una más eficaz administración de justicia, además de permitir contribuir en la lucha contra la corrupción a la que nuestro país se ha comprometido internacionalmente, y que requiere del compromiso de todos los actores que integran el sistema de administración de justicia.

Por lo demás, por haberse sancionado sin debate parlamentario y sin consulta previa, este Colegio desconoce los motivos por los cuales le ha sido vedada la facultad de intervenir en el juzgamiento de las faltas cometidas por los integrantes del cuerpo de fiscales y de defensores, cuando entre nuestros más loables fines institucionales se nos ha encomendado lograr el mejor y más adecuado servicio de justicia.

Reproche aparte merece la disposición referida a la eficacia temporal de la ley, que vulnera el principio de irretroactividad como una de las garantías básicas que debe primar en los procesos de remoción de naturaleza política conforme lo han sostenido en forma reiterada los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Exhortamos al diálogo institucional, al intercambio de ideas entre los distintos poderes del Estado y las instituciones intermedias, para rediseñar un sistema disciplinario que fortalezca el régimen democrático, republicano, a la par que cumplimente con los principios, derechos y garantías previstos en nuestra constitución provincial y nacional y pactos y tratados internacionales aplicables.

Rosario, 02 de enero de 2018
 
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